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DIC
2014

Los aeropuertos de Badajoz, Burgos, Córdoba, La Palma y Vigo son insostenibles

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El Tribunal de Cuentas de la UE ha denunciado este martes que ocho aeropuertos españoles que han recibido financiación comunitaria para su ampliación (Madrid-Barajas, Badajoz, Burgos, Córdoba, Fuerteventura, La Palma, Murcia y Vigo) no han generado los resultados esperados, no son rentables y están infrautilizados debido a la falta de planificación y previsión adecuadas.

En total, España ha recibido 685 millones de euros en ayudas europeas entre 2000 y 2013 para aeropuertos, el 24% de la inversión de la UE en este tipo de infraestructuras.

El Tribunal sostiene que ninguno de los aeropuertos españoles financiados con ayudas de la UE tiene perspectivas de rentabilidad. Tres de ellos (Fuerteventura, Madrid-Barajas y Murcia) tienen perspectivas de lograr un equilibrio a medio plazo, pero el resto (Badajoz, Burgos, Córdoba, La Palma y Vigo) registraron pérdidas significativas entre 2007 y 2012 y son insostenibles. Además, Fuerteventura, Madrid, Vigo, Murcia, La Palma y Badajoz tenían incluso menos pasajeros en 2013 que en 2007.

El informe señala en primer lugar que no había ninguna necesidad urgente de ampliar aeropuertos como los de Badajoz (en la que se gastaron 6 millones de euros de la UE) Córdoba y Fuerteventura. Las infraestructuras existentes eran suficientes para hacer frente a la demanda prevista y las ampliaciones están infrautilizadas.

En el caso de Córdoba, el Tribunal de Cuentas señala que el tráfico atraído por los cercanos aeropuertos de Málaga y Sevilla, así como la conectividad que proporciona el AVE, limitan significativamente la demanda para este aeropuerto. Sin embargo, las autoridades españolas decidieron ampliar la pista sin ningún análisis o estudio que justificara su necesidad. La ampliación de la pista costó más de 70 millones de euros, de los cuales 12,6 millones venían de la UE. También se extendió el área de estacionamiento de los aviones con un coste de 1,5 millones (810.000 de la UE).

“Desde entonces hay muy poco tráfico comercial en este aeropuerto (menos de 7.000 pasajeros cuando la previsión era de 179.000), la pista extendida apenas se usa y el incremento de espacio de estacionamiento se utiliza para aviones no comerciales”, censura el estudio.

En el aeropuerto de Fuerteventura se amplió la terminal con financiación de la UE por valor de 21 millones de euros. El proyecto casi triplicó la superficie existente, añadió 14 nuevas puertas de embarque, 8 cintas de equipaje y 4 puertas de contacto. Las obras se basaron en una previsión de 7,5 millones de pasajeros en 2015, cuando en 2013 el aeropuerto tuvo 4,3 millones. El Tribunal dice que incluso aunque se hubiera cumplido la previsión, el proyecto estaba sobredimensionado. En la actualidad, la autoridad aeroportuaria ha decidido cerrar 6 de las 24 puertas para reducir los costes de mantenimiento.

Por lo que se refiere a La Palma, el informe dice que aunque había necesidad de ampliar la capacidad, el proyecto -que costó 36,4 millones de euros con una financiación europea de 17,1 millones- no se ajusta a las necesidades reales. La nueva infraestructura permite gestionar 30 movimientos por hora, mientras que el pico desde que se completó la expansión ha sido de 13. “Por ello, la capacidad adicional creada continuará estando infrautilizada” hasta que el número de operaciones aumente de forma significativa.

En el caso de Burgos, debido al bajo número de pasajeros (18.905 en 2013) y a los altos costes de depreciación de la infraestructura, el aeropuerto acumuló pérdidas de 30 millones de euros (el 67% de sus activos) desde su apertura en julio de 2008 hasta finales de 2012. Además, el 90% de sus vuelos comerciales están operados por una única compañía y con un único destino (Barcelona) y los viajeros tienen al menos cinco alternativas para volar desde aeropuertos cercanos, con lo que existe un “alto riesgo de que continúe teniendo un número de pasajeros insosteniblemente bajo”.

El Tribunal de Cuentas señala que el aeropuerto de Murcia-San Javier es el que registró mayores retrasos, ya que la torre de control y la pista sólo se han puesto en funcionamiento cinco años después de haberse completado. El mayor sobrecoste entre los aeródromos examinados corresponde a La Palma, con 25,6 millones.

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