• La norma ha sido acordada con CERMI, el colectivo más representativo del sector.
• Las empresas deberán hacer los ajustes razonables que permitan a las personas que acceden a la situación de discapacidad después de iniciar su actividad profesional.
• La extinción del despido automático en los casos en que la persona trabajadora accede a la situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez cumple con las propuestas del Libro blanco sobre empleo y discapacidad.
• Las empresas no podrán decidir unilateralmente la continuidad de una relación laboral en caso de incapacidad de la persona empleada.
• La norma también especifica los criterios para determinar qué costes son asumibles por las empresas.

Referencia_Consejo_de_Ministros_1716317767