La ministra de Trabajo afirma que para los desempleados «la obligación es declarar, no pagar», y está dispuesta a extender esta obligación a toda la población. Ayer, altos cargos del Ministerio de Trabajo admitieron públicamente que un cambio legal reciente exigirá a partir de ahora que todos los desempleados presenten la declaración de la Renta, bajo la amenaza de perder la prestación por desempleo si no lo hacen. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, junto a su secretario de Estado Joaquín Pérez Rey, defendieron que «la obligación es declarar, no pagar» y que esta medida permitirá a nuevos contribuyentes acceder a beneficios fiscales. Además, Díaz abrió el debate sobre la posibilidad de hacer obligatoria la declaración del IRPF para todos los ciudadanos.

La nueva norma establece que todos los beneficiarios de prestaciones por desempleo, sin importar sus ingresos, deberán presentar anualmente la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, un requisito introducido en el Real Decreto-ley de reforma del subsidio de desempleo aprobado en mayo, que entrará en vigor el 1 de noviembre. Según la ley, no cumplir con esta obligación supondrá la suspensión de la prestación.

Díaz y Pérez Rey destacaron en una rueda de prensa durante la presentación del Congreso Internacional del Trabajo que «la mayoría de los desempleados no alcanzarán el mínimo exento de 15.800 euros», lo que podría ser beneficioso al permitirles aplicar deducciones si han hecho aportaciones al IRPF. Sin embargo, no se aclaró que quienes tengan una renta cercana a los 22.000 euros sí podrían tener que pagar, al no haber tenido suficientes retenciones, lo que podría resultar en una deuda de alrededor de 2.000 euros, según estimaciones de TaxDown.

El secretario de Estado también recordó que esta obligación ya se aplica a los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y a los autónomos. Díaz subrayó que «existe un debate sobre la necesidad de incorporar a toda la población a la declaración de la Renta» para que todos puedan beneficiarse de ventajas fiscales. Explicó que en muchos casos, la falta de declaración impide el acceso a ayudas directas. «No podemos hacer compensaciones si no tenemos la declaración de la Renta de todos los ciudadanos», afirmó, destacando la importancia de esta medida como un «gran debate» para el futuro.

A pesar de apoyar la medida, Díaz aclaró en varias ocasiones que esta propuesta proviene del Ministerio de Hacienda, que la ha recomendado. Pérez Rey señaló que el decreto es resultado del trabajo conjunto de varios ministerios, incluidos Economía y Hacienda.

Desde Hacienda, se matiza que la nueva obligación para los desempleados es parte de la regulación laboral y que incumplirla podría conllevar la retirada de la prestación, aunque no habrá sanciones tributarias inmediatas si no se acompañan de una reforma fiscal. La ley actual permite a la Agencia Tributaria imponer multas de entre el 50% y el 150% del valor de la deuda, en caso de declaraciones no presentadas que resulten a pagar, y de 200 euros si la declaración sale a devolver.

(Expansión, 18-10-2024)