El gasto en bajas laborales acumulado hasta noviembre de 2024 ya asciende a 14.637,36 millones de euros, según los datos de la Seguridad Social. A falta de contabilizar diciembre, esta cifra ya supera el total registrado en 2023, que fue de 14.094,55 millones, estableciendo así un nuevo máximo histórico. Este incremento se produce en plena negociación entre el Ministerio de Seguridad Social, la patronal y los sindicatos sobre la reforma de las denominadas «altas progresivas», una medida que busca facilitar la reincorporación paulatina de los trabajadores tras una baja laboral.

De acuerdo con el último informe de ejecución presupuestaria de la Seguridad Social, el departamento de Elma Saiz tuvo que destinar hasta noviembre cerca de 4.000 millones de euros adicionales para cubrir este gasto. Inicialmente, se habían presupuestado 11.764,30 millones, pero a lo largo del año se añadieron 3.909,52 millones más, elevando el presupuesto total de 2024 a 15.673,82 millones de euros. Con un 93% del presupuesto ya ejecutado, es probable que la cifra final se mantenga dentro de lo estimado.

La principal partida de gasto corresponde al subsidio temporal por contingencias comunes, que representa el 91% del total destinado a incapacidad temporal. Esto incluye bajas por enfermedades comunes o accidentes no laborales, desde afecciones leves hasta patologías de larga duración como enfermedades mentales. También cubre permisos por maternidad, fallecimiento de un familiar o embarazo de riesgo, entre otros.

El análisis de los últimos 14 años muestra un crecimiento del 117,5% en el gasto por incapacidad temporal entre 2010 y 2024. Desde 2017, cuando comenzó a contabilizarse el gasto en bajas por contingencias comunes, el desembolso ha aumentado de 6.567,14 millones a 13.357,77 millones hasta noviembre de 2024, un incremento del 103,3%. En comparación con el año anterior, la partida ha crecido en 719,66 millones, un 6% más de lo previsto.

Por otro lado, el subsidio por contingencias comunes no incluye los accidentes laborales ni los ocurridos en el trayecto al trabajo (in itinere), que se engloban dentro del subsidio por contingencias profesionales, representando el 9% del gasto en incapacidad temporal.

Fuentes del Ministerio atribuyen el aumento del gasto al incremento de afiliados a la Seguridad Social y al aumento progresivo de las bases de cotización vinculadas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Además, recuerdan que durante la pandemia se creó una incapacidad temporal con mayor nivel de protección, lo que generó un punto de inflexión en el gasto a partir de 2020. Desde entonces, el gasto en bajas laborales ha crecido en la mayoría de los países.

El Ministerio de Seguridad Social explicó recientemente que la reforma de la incapacidad temporal se enfocará en los procesos de larga duración, es decir, aquellos que superen los 90 días de baja. Sin embargo, la propuesta final se aleja de las «bajas flexibles» que en su momento generaron controversia dentro del Gobierno. La reincorporación tras una baja prolongada requerirá una alta médica y no será una decisión voluntaria del trabajador. En este sentido, la primera reunión con los agentes sociales dejó claro que la reforma no busca reducir el gasto en bajas laborales.

En cuanto al absentismo laboral, la tasa en España alcanzó el 7,5% en el tercer trimestre de 2024, según el X Informe trimestral de absentismo y siniestralidad laboral de Adecco. La tasa específica de absentismo por incapacidad temporal se situó en el 5,8%, lo que supone un aumento de 0,2 puntos respecto al trimestre anterior y de 0,3 puntos en comparación con el mismo periodo de 2023.

Según el informe de Randstad sobre absentismo laboral, las bajas por incapacidad temporal provocaron la pérdida del 5% de las horas pactadas, lo que equivale a que, en promedio, 1.087.875 personas no acudieran a su puesto de trabajo cada día debido a una baja médica. Este problema ha sido señalado reiteradamente por las principales patronales del país, como la CEOE y Cepyme, en los últimos años.

(El Economista, 28-02-2025)