El año 2024 cerró con una media anual de 3,2 millones de personas trabajando desde su domicilio, la cifra más alta registrada en la serie histórica sobre teletrabajo. Sin embargo, en términos porcentuales respecto al total del empleo, el 14,4% alcanzado aún se mantiene por debajo de los niveles de 2020 y 2021. Esta evolución se debe, en gran parte, al aumento del teletrabajo entre los asalariados, quienes representan 10,1 puntos porcentuales de esta tasa y suman 2,2 millones de teletrabajadores. Este grupo ha sido impactado por la Ley del Trabajo a Distancia y ahora también por la reforma de la jornada laboral, que la reduce a 37,5 horas semanales. Muchas empresas consideran que ambas normativas son incompatibles y, al evaluar sus costos, optan por regresar a un modelo 100% presencial.

El hecho de mantener el mismo salario, o incluso incrementarlo en el caso de los empleados a tiempo parcial, lleva a las empresas a buscar formas de compensar este gasto. Además, la reducción de la jornada laboral implica un umbral más bajo del 30% de la jornada semanal, a partir del cual las compañías deben asumir los costos del teletrabajo, como electricidad e internet. Así, el recorte de 2,5 horas semanales no solo incrementa los costos del teletrabajo, sino que también limita la flexibilidad con la que las empresas lo ofrecen. No obstante, eliminarlo de manera abrupta podría acarrear problemas legales para aquellas que opten por esta medida.

Para entender el panorama que se abre en 2025, es importante analizar el punto de partida. El récord en el número de teletrabajadores se explica, en gran parte, por el incremento de la ocupación. Según datos provisionales de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre, elaborados por el Ministerio de Trabajo, la tasa de empleados en remoto alcanzó el 14,4%. Aunque por debajo del 15% de 2020 y el 15,3% de 2021, supera los valores de 2022 y 2023, y está muy por encima del 8,3% registrado en 2019, antes de la pandemia.

El impulso del teletrabajo ha venido principalmente de los asalariados, quienes antes de la pandemia representaban solo el 40% de los trabajadores en remoto y ahora superan el 70%. Su número se ha multiplicado por 3,1, alcanzando los 2,2 millones en promedio durante 2024. En términos de tasa, el teletrabajo entre asalariados ha pasado del 4,1% al 11,9%, mientras que entre los autónomos, que se han mantenido estables, la cifra llega al 28,8%. Dado que la mayoría de los trabajadores son asalariados, este cambio ha tenido un impacto significativo en las empresas y en la economía en general. Sin embargo, el teletrabajo sigue lejos de convertirse en una modalidad mayoritaria, ya que 88 de cada 100 empleados por cuenta ajena no trabajan a distancia.

Otro aspecto relevante es que solo el 50,1% de los asalariados que teletrabajan lo hacen de manera habitual, es decir, más de la mitad de los días. En 2020, esta cifra alcanzaba el 72,3%, y en 2019 era del 58%. Este retroceso se debe, en gran medida, a la Ley del Trabajo a Distancia de 2020, la primera regulación específica sobre teletrabajo en España. Aunque fue fruto del consenso entre patronal y sindicatos para establecer garantías para empresas y empleados, también encareció y rigidizó esta modalidad laboral.

La normativa establece que, si el teletrabajo supera el 30% de la jornada, la empresa debe asumir costos como electricidad e internet, además de proporcionar el equipo y mobiliario adecuados. Aunque esto no eliminó el teletrabajo, sí llevó a muchas compañías a reducir los días de trabajo remoto una vez superados los confinamientos. Como resultado, lo que antes era una práctica habitual se ha convertido en una opción ocasional, presentada en algunos casos como una «medida de flexibilidad».

Además, muchas empresas han encontrado dificultades en la gestión de plantillas híbridas. Mientras que los empleados de oficina pueden beneficiarse del teletrabajo, otros departamentos requieren presencia física para realizar sus tareas. Esta desigualdad, sumada al incremento de costos, ha llevado a muchas compañías a replantearse el teletrabajo y, en algunos casos, a eliminarlo.

La normativa establece que los convenios colectivos regulen las condiciones del teletrabajo para adaptarlas a cada sector y empresa. En 2024, un 17,6% de los convenios con efectos económicos contemplaban cláusulas sobre trabajo remoto, afectando al 29,6% de los asalariados bajo convenio. Sin embargo, estos porcentajes superan los datos reales de teletrabajadores según la EPA, lo que sugiere una brecha entre la negociación colectiva y la realidad laboral. También refleja que no todos los puestos dentro de una misma empresa pueden adaptarse a esta modalidad.

En este contexto, la reducción de la jornada laboral se suma como un nuevo desafío que podría inclinar aún más la balanza hacia la presencialidad. Los expertos en derecho laboral advierten que muchas empresas están reevaluando sus políticas de flexibilidad y realizando simulaciones de calendario para ajustar sus estrategias.

Sin embargo, eliminar el teletrabajo no es tan sencillo como algunos empresarios pueden pensar. Desde el ámbito jurídico, los jueces son cada vez más proclives a considerar que suprimir el trabajo remoto puede constituir una «modificación sustancial de las condiciones laborales», incluso si no está contemplado en el convenio colectivo.

Hasta hace poco, se argumentaba que el teletrabajo implementado durante la pandemia no era un beneficio otorgado voluntariamente por las empresas, sino una medida excepcional derivada de la crisis sanitaria. No obstante, este razonamiento está perdiendo peso, ya que se puede demostrar que muchas compañías permitieron el teletrabajo como una concesión a sus empleados.

Si los tribunales determinan que eliminar el teletrabajo supone una modificación sustancial, las empresas deberán abrir un proceso de negociación con los representantes de los trabajadores y justificar la medida por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción. En el caso de decisiones individuales, la falta de justificación podría derivar en sentencias desfavorables para las empresas.

En definitiva, el teletrabajo en España sigue en una situación de estancamiento. No ha desaparecido como algunos preveían tras la pandemia, pero tampoco ha crecido al ritmo que las innovaciones tecnológicas auguraban. Con la reducción de la jornada laboral y el aumento de los costos empresariales, el futuro de esta modalidad laboral se enfrenta a un escenario incierto.

(El Economista, 05-02-2025)