La Ley 2/2025 (BOE 30/04/2025) modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (RD Legislativo 2/2015), el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (RD Legislativo 8/2015) y la Ley 36/2011 reguladora de la Jurisdicción Social, en materia de extinción del contrato de trabajo por incapacidad permanente de las personas trabajadoras. Las modificaciones entran en vigor el 1 de mayo de 2025.

Se elimina la automaticidad de la extinción del contrato de las personas trabajadores que acceden a la situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran incapacidad.

La nueva letra n) del artículo 49.1 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores establece que “el contrato de trabajo se extinguirá por declaración de gran incapacidad, incapacidad permanente absoluta o total de la persona trabajadora, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 48.2,

• cuando no sea posible realizar los ajustes razonables por constituir una carga excesiva para la empresa,
• cuando no exista un puesto de trabajo vacante y disponible, acorde con el perfil profesional y compatible con la nueva situación de la persona trabajadora
• o cuando existiendo dicha posibilidad la persona trabajadora rechace el cambio de puesto de trabajo adecuadamente propuesto.

 Para determinar si la carga es excesiva se tendrá particularmente en cuenta el coste de las medidas de adaptación en relación con el tamaño, los recursos económicos, la situación económica y el volumen de negocios total de la empresa. La carga no se considerará excesiva cuando sea paliada en grado suficiente mediante medidas, ayudas o subvenciones públicas.

 Sin perjuicio de lo anterior, en las empresas que empleen a menos de 25 personas trabajadoras se considerará excesiva la carga cuando el coste de adaptación del puesto de trabajo, sin tener en cuenta la parte que pueda ser sufragada con ayudas o subvenciones públicas, supere la cuantía mayor de entre las siguientes:

 1.ª La indemnización que correspondiera a la persona trabajadora en virtud de lo establecido en el artículo 56.1 del ET. (indemnización por despido declarado improcedente).

2.ª Seis meses de salario de la persona trabajadora que solicita la adaptación.

 La persona trabajadora dispondrá de un plazo de diez días naturales desde la fecha en que se le notifique la resolución en la que se califique la incapacidad permanente en alguno de los grados citados para manifestar por escrito a la empresa su voluntad de mantener la relación laboral.

La empresa dispondrá de un plazo máximo de tres meses, contados desde la fecha en que se le notifique la resolución en la que se califique la incapacidad permanente, para realizar los ajustes razonables o el cambio de puesto de trabajo. Cuando el ajuste suponga una carga excesiva o no exista puesto de trabajo vacante, la empresa dispondrá del mismo plazo para proceder a la extinción del contrato. La decisión será motivada y deberá comunicarse por escrito a la persona trabajadora.

Los servicios de prevención determinarán, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable y previa consulta con la representación de las personas trabajadoras en materia de prevención de riesgos laborales, el alcance y las características de las medidas de ajuste, incluidas las relativas a la formación, información y vigilancia de la salud de la persona trabajadora, e identificarán los puestos de trabajo compatibles con la nueva situación de la persona trabajadora.

 El procedimiento de extinción del contrato de trabajo en estos supuestos será urgente y se le dará tramitación preferente.

Se modifica el artículo 48.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores para incluir el tiempo durante el que se resuelven los ajustes razonables o el cambio a un puesto vacante y disponible previsto en la nueva letra n) del artículo 49.1 del Estatuto, como un supuesto de suspensión de la relación laboral, con derecho a reserva de puesto de trabajo.

También se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (artículo 174.5) para establecer que, en aquellos casos en los que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.1.n) del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, la declaración de incapacidad permanente en los grados de total, absoluta o gran incapacidad no determine la extinción de la relación laboral, por llevar a cabo la empresa la adaptación razonable, necesaria y adecuada del puesto de trabajo a la nueva situación de incapacidad declarada o por haber destinado a otro puesto a la persona trabajadora, la prestación de incapacidad permanente se suspenderá durante el desempeño del mismo puesto de trabajo con adaptaciones u otro que resulte incompatible con la percepción de la pensión que corresponda.

En el plazo de seis meses y en el marco del diálogo social, el Gobierno presentará una propuesta de modificación de la normativa en materia de Seguridad Social sobre incapacidad permanente y su compatibilidad con el trabajo, siguiendo el espíritu y las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Las referencias contenidas en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en la Ley reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del sector marítimo-pesquero y su normativa de desarrollo, relativas a la «gran invalidez» se sustituyen por «gran incapacidad». De igual manera, las referencias a la «invalidez no contributiva» en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se sustituyen por «incapacidad no contributiva».