El Gobierno sigue sin lograr el respaldo de la patronal para reducir la jornada laboral por ley de 40 a 37,5 horas semanales en 2025. En un último intento, el Ministerio de Trabajo intentó convencer a las patronales CEOE y Cepyme, pero estas aún no están dispuestas a apoyar esta propuesta clave de la coalición gubernamental. El Ministerio ha convocado a los agentes sociales para que el próximo 11 de noviembre ofrezcan una respuesta definitiva a esta propuesta final.

Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Empleo, presentó la “última oferta” del Gobierno, cerrando así el margen de negociación. La novedad es la inclusión de ayudas directas de hasta 6.000 euros para pequeñas empresas de sectores como comercio, hostelería, peluquería, limpieza y agricultura. Trabajo estima que unas 470.000 empresas podrían beneficiarse de estos 350 millones de euros destinados a impulsar la productividad digital de las microempresas.

A pesar de ello, los empresarios no parecen convencidos. Desde la patronal han calculado que si todas las empresas elegibles solicitaran la ayuda, esta apenas alcanzaría los 1.000 euros por empresa. Los sindicatos tampoco se muestran optimistas sobre un posible acuerdo, destacando que los costes de la reducción de jornada podrían superar los 11.800 millones de euros, mientras que consideran insuficientes las medidas de compensación propuestas por el Gobierno.

Pérez Rey insinuó que la negativa de la patronal responde a motivos políticos y pidió a sus representantes que se enfoquen en los intereses empresariales en lugar de aspectos ideológicos. Además, mencionó que estas ayudas se sumarían al Plan Pyme 375, que ofrece bonificaciones para empresas pequeñas que contraten o transformen empleos de tiempo parcial a completo. Aunque la patronal rechazó anteriormente este plan, el Ministerio ha propuesto bonificaciones de entre el 20% y el 100%, favoreciendo la contratación de jóvenes y mujeres en sectores con baja representación femenina.

Además de modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para establecer la jornada máxima en 37,5 horas, el Gobierno busca reformar el sistema de registro horario diario, que pasaría a ser digital y accesible remotamente para la Inspección de Trabajo. De no avanzar la reducción de jornada en el Parlamento, Trabajo implementará esta reforma unilateralmente. La normativa también fortalecerá el derecho de desconexión laboral fuera del horario de trabajo, una propuesta que ha recibido buena aceptación por todas las partes.

Si el 11 de noviembre la patronal rechaza la oferta, las ayudas propuestas podrían quedar fuera del proyecto de ley, advirtió Pérez Rey. El Gobierno avanzará su propuesta en el Parlamento para reducir la jornada semanal a 37,5 horas y podría negociar el acuerdo únicamente con los sindicatos, ajustando los términos del plan.

Los sindicatos, por su parte, apoyan las ayudas a las empresas si se negocian en un marco tripartito. Sin embargo, si el acuerdo se da solo entre el Gobierno y los sindicatos, estos podrían priorizar aspectos como la reforma del registro horario y el derecho de desconexión.

Por otro lado, las patronales exigen que la reducción de jornada respete los convenios colectivos vigentes hasta su vencimiento, evitando una aplicación inmediata en 2025. El Gobierno y los sindicatos rechazan esta transición, pues retrasaría considerablemente la implementación de la medida y dejaría a muchos trabajadores sin cobertura.

(El País, 30-10-2024)