El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, lanzó este miércoles un ultimátum a la patronal, advirtiendo que «la próxima reunión con empresarios y sindicatos para negociar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, que se celebrará el 29 de octubre, será la última». Esta advertencia está dirigida principalmente a las organizaciones empresariales, que hasta el momento han rechazado firmar un acuerdo para reducir la jornada laboral máxima legal de las 40 horas semanales actuales a 37,5 horas para 2025.

Pérez Rey señaló en la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados que su departamento ha hecho todo lo posible por alcanzar un acuerdo con la patronal, sin éxito hasta ahora. Además, adelantó que en la reunión del 29 de octubre, el Gobierno presentará ayudas directas a la productividad para sectores más alejados de las 37,5 horas, como el comercio, la limpieza o las peluquerías.

Estas ayudas se sumarán al Plan pyme 375, presentado en la última reunión de esta negociación, que incluye bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para pequeñas empresas con menos de 10 empleados y un volumen de negocio inferior a dos millones de euros, con el fin de facilitar la contratación o conversión de contratos a tiempo parcial en tiempo completo.

Pérez Rey fue enfático: «El Gobierno lanzará su última oferta en la mesa del día 29. Diremos: empresarios, organizaciones sindicales, decidan si esto es suficiente para llegar a un acuerdo porque, si no lo es, el compromiso de Trabajo es cumplir con el acuerdo de Gobierno de coalición, que establece una jornada máxima legal de 37,5 horas semanales en 2025. Y con o sin acuerdo, vamos a cumplir con ese compromiso».

El secretario de Estado reiteró que, tras esta oferta, esperarán la respuesta de las organizaciones. «Si contamos con la patronal, será una gran noticia y serán bienvenidos al acuerdo. Pero, si no es posible, buscaremos un acuerdo con los sindicatos y cumpliremos el compromiso de reducir la jornada». En caso de no lograr un acuerdo tripartito, el Gobierno llevará de inmediato al Congreso un proyecto de ley para implementar la reducción de la jornada.

Además, Pérez Rey criticó indirectamente la postura de la patronal, insinuando que su rechazo a un acuerdo podría deberse a razones políticas más que económicas. «Espero que los representantes empresariales se dediquen a representar los intereses de las empresas y no a otros intereses más cercanos a la política», afirmó.

Según Pérez Rey, reducir la jornada laboral es una medida de «democracia laboral», ya que, según sus datos, muchos trabajadores ya disfrutan de una jornada de 37,5 horas, mientras que 12,5 millones de empleados aún no han conseguido reducir su jornada a través de convenios colectivos. Por ello, sostuvo que «la reducción de jornada no debe ser un privilegio exclusivo de los trabajadores de la banca, las tecnológicas o las grandes empresas. También debe beneficiar a peluqueras, trabajadores de comercios, farmacéuticos y empleados de gimnasios y del sector ocio».

(El País, 24-10-2024)